Autoridades municipales y organizaciones de Potosí desconocen a Comcipo

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La Paz, 17 de julio (MC).- Distintas autoridades municipales y representantes de organizaciones sociales de Potosí expresaron el viernes, de manera verbal y escrita, el desconocimiento a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que encabezan movilizaciones en La Paz y medidas de presión en Potosí y solicitaron al Gobierno un diálogo directo respecto de las demandas.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, entabló hoy el diálogo con autoridades ediles, entre alcaldes y concejales, de los 40 municipios potosinos, además de asambleístas departamentales, para tratar sobre los 26 puntos del pliego petitorio que enarbola Comcipo, cuyos dirigentes rechazaron acudir a la cita.     

Durante la reunión, el alcalde de Tacobamba, Filemón Isla, ofreció que la instalación de la fábrica de cemento, uno de los puntos del pliego, se realice en su municipio, ya que cuenta con importante materia prima y estaría cercana a los gasoductos que garantizarían las operaciones de la manufactura.

Por otra parte, representaciones de organizaciones sociales y autoridades ediles de Tahua, Mojinete, Llica, Uyuni, San Agustín y Colcha k, solicitaron al Gobierno tratar directamente cinco puntos de las demandas potosinas que los involucra directamente.

Entre ellos, el hospital de Segundo Nivel en Llallagua, energía eólica, reposición de la zona franca de Uyuni, la fábrica de cemento, y proyectos para el uso de las aguas del Silala.  

A ellos se sumaron las autoridades de Tomave quienes aclararon que plantas hidroeléctricas 'Salto León' y 'Collpa Collpa', son aspiraciones exigidas con anterioridad por la región y pidieron conocer directamente sobre los avances.      

Demanda social

Entre otros aspectos, los representantes de la región sudoeste potosino presentaron, una demanda de pago económico contra Jhonny LLally presidente de Comcipo, y su predecesor, Celestino Condori, por la 'obstrucción, desde el año 2009, a la firma de preacuerdo', para el desarrollo de proyectos en el Silala, cuyas pérdidas, según estiman, alcanza a $us 38 millones, monto que se habrían generado en cinco años.

Tanto alcaldes como organizaciones campesinas pusieron un término de 30 días calendario a Llally y Condori para que 'presenten sus descargos a la demanda social o reparen los daños citados'.